HISTORIA
El Consejo de Educación
Superior (CES), en su función
como organismo rector de la Universidad de Puerto Rico hasta
1993, aprobó la creación del Decanato de Estudios
Graduados e Investigación (DEGI) del Recinto de Río
Piedras mediante la Certificación 199 (1980-81). No
obstante, a solicitud del Senado Académico (SA) del
recinto, la implantación de dicha certificación
se pospuso hasta el año 1983-84, cuando el SA entregó un
informe especial al CES relacionado con la estructuración
del nuevo Decanato.
Este informe fue revisado posteriormente por el propio SA
(1987-88) ya que habían pasado cuatro años
desde su entrega y consideración final por el CES.
Como producto de la revisión del informe, el SA emitió la
Certificación
76 (1988-89) aprobando el Informe Especial
que dio lugar a la Política Académica de Estudios
Graduados en el recinto y a la estructuración del
DEGI.
En el año 1990-91 el CES actúo sobre
la Certificación
76 del SA aprobando la misma con
cinco observaciones, las cuales están consignadas
en la Certificación
115 (1990-91). Junto a estas iniciativas, el SA se dio
a la tarea de revisar la Certificación 55 (1977-78)
sobre las normas que regían a los programas graduados
en ese momento, emitiéndose una nueva certificación:
Normas para los Programas Graduados en el Recinto Universitario
de Río Piedras (Certificación 72, 1991-92).
La Certificación 72 aplica a todos los estudiantes
graduados admitidos a partir de 1994-1995.
La creación
del DEGI respondió, entre otros
factores, a la necesidad de una política académica
que orientara el desarrollo y fortalecimiento de los estudios
graduados en el recinto y de una estructura organizacional
que fuese responsable de la implantación de dicha
política. Esto ante el crecimiento acelerado de programas
graduados y el reclutamiento de facultad con grados avanzados
y con interés en la investigación. El Informe
especial del SA y las vistas públicas celebradas en
marzo del 1988 recogieron las dificultades existentes para
el desarrollo de los estudios graduados en el Recinto, a
saber: burocratización de los trámites administrativos,
salarios bajos, falta de becas y ayudas económicas
para los estudiantes, la dificultades con la consejería
académica, la carga académica de los profesores
y la limitación de fondos para la investigación,
y la asistencia a congresos y seminarios en el exterior.
Estas dificultades no diferían significativamente
de las señaladas en 1983 y, en cierto grado, continúan
teniendo vigencia en la actualidad.
